José Luís Serrano Sanchez
hace 2 semanas
Una atención excelente desde el primer contacto. Cercanía, disponibilidad y mucha claridad a la hora de explicar cualquier duda.
Le han denunciado o es víctima de violencia de género: defensa y acusación ante la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María y la Audiencia Provincial de Cádiz.
Una denuncia por violencia de género pone en marcha un procedimiento rápido que exige actuar con rapidez. Es habitual la detención y la puesta a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en pocas horas, muchas veces por el cauce del juicio rápido. Antes de declarar conviene que su abogado conozca qué consta en el atestado y en la denuncia, porque el acusado tiene derecho a no declarar y a la presunción de inocencia. En esa primera comparecencia el juez decide sobre la orden de protección y las medidas cautelares, y lo que se diga y se acredite ahí condiciona el resto del proceso. Por eso la asistencia letrada y la presencia de su abogado en el juzgado de guardia son clave: con un abogado especializado en violencia de género se valora en el momento si conviene una conformidad, que en el juicio rápido rebaja la pena en un tercio (art. 801 LECrim), o si hay que ir a juicio. Si se celebra, el Juzgado de lo Penal debe señalarlo en un plazo breve, normalmente dentro de los 15 días siguientes.
La Ley Orgánica 1/2004 la define como la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre estas quienes sean o hayan sido sus cónyuges o hayan estado ligados a ellas por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Incluye las agresiones y la violencia física, la psíquica (humillaciones, control o aislamiento) contra la integridad moral, las amenazas, las coacciones, el acoso o la privación arbitraria de libertad.
La violencia doméstica es la que se ejerce sobre otros miembros del entorno familiar, como hijos, padres, hermanos o una pareja del mismo sexo, y se castiga en los artículos 153.2 y 173.2 sin la competencia del juzgado de violencia sobre la mujer. El tipo penal aplicable cambia el juzgado, las penas y las medidas, así que es lo primero que revisamos.
Si usted es la víctima, la acompañamos desde el primer paso, con trato reservado, secreto profesional, sensibilidad y a su ritmo. La ley le reconoce el derecho a asistencia jurídica inmediata y a información sobre las ayudas y recursos disponibles; el teléfono 016 atiende en toda España a cualquier hora. Presentamos la solicitud de orden de protección frente al agresor, asumimos su representación como acusación particular y ejercemos la acción civil para reclamar la responsabilidad civil y la indemnización. También pedimos las medidas civiles provisionales sobre los hijos, con arreglo a su interés superior. No prometemos un resultado, pero sí una defensa firme de sus derechos y una explicación clara de cada paso.
La orden de protección se regula en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se resuelve en una comparecencia urgente. Suele incluir una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con la víctima, a veces con dispositivos telemáticos, y puede fijar medidas civiles provisionales (guarda de los hijos, uso del domicilio familiar o pensión de alimentos). Si el juez la acuerda, su duración y alcance se pueden recurrir. Una advertencia que repetimos a cada cliente: incumplir la orden es un delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal, aunque sea la propia víctima quien retome el contacto. Solo el juzgado puede modificar la orden.
Desde la reforma de 2021, si un progenitor está incurso en un proceso penal por violencia de género y hay indicios fundados, no procede la custodia compartida (art. 92.7 del Código Civil) y, como regla, tampoco el régimen de visitas con los hijos menores, salvo resolución motivada en interés del menor (art. 94). Por eso la defensa penal y las medidas sobre los hijos se trabajan a la vez.
Estos son los delitos que con más frecuencia se ventilan ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En ellos la relación de pareja ya forma parte del delito, por lo que no se aplica además la agravante de parentesco (art. 23); en otros, como las lesiones del art. 147 o el homicidio, sí puede apreciarse esa agravante o la de discriminación por razones de género (art. 22.4 CP).
El menoscabo psíquico o la lesión leve, o el maltrato de obra sin lesión, cuando la víctima es o ha sido pareja. Pena de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad, y privación del derecho a tener armas.
Los malos tratos físicos o psíquicos ejercidos de forma habitual: prisión de seis meses a tres años, además de las penas por cada acto concreto.
Cuando la lesión que requiere tratamiento se causa a quien es o ha sido pareja, la pena puede ser de dos a cinco años.
Amenazas y coacciones leves que, cometidas sobre la pareja, son delito con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad.
Incumplir la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación: prisión de seis meses a un año.
No hay dos casos iguales, pero la defensa del acusado se apoya en la presunción de inocencia y en la prueba, y la estrategia se adapta a la gravedad de los hechos y a la tramitación de cada procedimiento de violencia sobre la mujer.
Es la acusación quien debe probar los hechos más allá de toda duda razonable. Revisamos además las garantías de la detención y pedimos la nulidad de la prueba obtenida vulnerando derechos.
Cuando es la prueba principal, la jurisprudencia exige que el testimonio sea creíble, persistente y con corroboraciones objetivas.
El derecho de la víctima a no declarar contra su pareja tiene hoy límites tras la reforma de la LO 8/2021.
En crisis de pareja o de divorcio, estudiamos si la denuncia responde a hechos reales o a un interés en la separación o en el proceso de familia, siempre con la prueba y sin descalificar a la víctima.
«El mayor riesgo en un procedimiento penal no es la acusación que ya ha llegado; es la que aún puede evitarse.»
La defensa la dirige Luis López de Castro, abogado experto en violencia de género, con más de cuarenta años de trayectoria en el ámbito del derecho penal y con actuaciones ante el Tribunal del Jurado, con conocimiento de los juzgados de Cádiz, especialización en esta materia y el trato directo que estos asuntos exigen. Nuestro bufete presta este servicio de asesoramiento y defensa a personas de El Puerto de Santa María y de toda la provincia de Cádiz. Una condena tiene consecuencias como los antecedentes penales o la privación del derecho a tener armas, pero no siempre significa entrar en prisión: en penas cortas y sin antecedentes cabe pedir la suspensión de la pena (art. 80), que en estos delitos lleva siempre prohibición de aproximación y un programa formativo (art. 83.2), y la sentencia se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz o, si juzgó la Audiencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los hechos ocurridos en El Puerto de Santa María los instruye la plaza n.º 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, que asume la violencia sobre la mujer y resuelve las órdenes de protección. Su sede está en el Parque Empresarial Las Salinas (calle Doctor Duarte de Acosta, 9). El enjuiciamiento corresponde, según la pena, al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Cádiz. Cuando hay hijos de por medio, el interés superior del menor guía las medidas.
Opiniones de clientes
Respuestas a las dudas más habituales cuando alguien se enfrenta por primera vez a un procedimiento penal.
No declare sin conocer antes lo que consta en el atestado y en la denuncia; tiene derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia.
Es un delito de quebrantamiento (art. 468), aunque el contacto lo retome la víctima. Solo el juzgado puede modificar la orden.
La dispensa del artículo 416 LECrim existe, pero tras la reforma de 2021 tiene límites, sobre todo si ya se ha personado como acusación particular.
No siempre. En penas cortas y sin antecedentes puede pedirse la suspensión de la pena, sujeta a condiciones.
Si va por juicio rápido, puede resolverse en el propio juzgado de guardia o celebrarse en pocas semanas. Si exige más investigación, la instrucción se alarga varios meses según la complejidad y la prueba pendiente.
Es el abogado de la acusación particular. La víctima puede personarse con su propio letrado o con uno del turno especializado, y ese abogado pide medidas, prueba e indemnización.
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