José Luís Serrano Sanchez
hace 2 semanas
Una atención excelente desde el primer contacto. Cercanía, disponibilidad y mucha claridad a la hora de explicar cualquier duda.
Le acusan o le investigan por una estafa: defensa penal en El Puerto de Santa María, también en estafas informáticas y con tarjetas, y acusación particular en fraudes entre particulares y empresas, ante los juzgados de El Puerto y la Audiencia Provincial de Cádiz.
Si un socio, un cliente, un proveedor o quien le vendió una vivienda le ha engañado, nuestro trabajo es claro: perseguir el delito y, sobre todo, ir a por la devolución de su dinero. En una estafa entre empresas o en una compraventa de inmuebles, actuar pronto evita que el patrimonio del responsable desaparezca.
No le prometemos un resultado, pero sí una actuación firme, información clara y ayuda real sobre qué se puede hacer en su caso.
Si le acusan a usted, lo primero es una revisión de si de verdad hay un delito, porque no toda deuda impagada es una estafa. Muchas veces se trata de un incumplimiento de contrato o de una inversión que salió mal, un asunto de derecho civil, no penal, disfrazado de querella. La defensa del investigado o acusado se apoya en los elementos del tipo y en la prueba, y la línea de defensa se fija antes de la primera declaración.
El objetivo es que el caso se resuelva del modo más favorable que permita la prueba. Cuando es en interés del cliente, se valora cada opción, incluido un acuerdo de conformidad, y reparar el daño antes del juicio atenúa la pena (art. 21.5 CP).
El artículo 248 del Código Penal español define la estafa como el engaño bastante para producir un error en otra persona, que le induce a un acto de disposición en su perjuicio, con ánimo de lucro. Sobre esos elementos se gana o se pierde el caso. Estas son las modalidades del delito de estafa que defendemos y perseguimos.
El engaño clásico que provoca la entrega de dinero o de un bien. Prisión de seis meses a tres años; si lo defraudado no supera 400 euros, es delito leve con multa de uno a tres meses.
Valor defraudado superior a 50.000 euros, viviendas o bienes de primera necesidad, abuso de relaciones personales o de la credibilidad profesional, o estafa procesal. Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.
Manipulación de sistemas informáticos para conseguir una transferencia no consentida, o uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito y otros medios de pago en perjuicio de su titular. Prisión de seis meses a tres años.
Quedarse con lo recibido para un fin concreto o perjudicar el patrimonio que se administra.
La doble venta de un inmueble, la venta ocultando una carga o el contrato simulado. Prisión de uno a cuatro años.
Es frecuente recibir una citación como investigado por un phishing en el que no participó, por haber prestado la cuenta bancaria, haber recibido una transferencia de origen desconocido o por la suplantación de identidad de un tercero que usó sus datos a través de internet. Según el caso, la acusación habla de estafa informática (art. 249) o de blanqueo de capitales, que también se castiga por imprudencia grave (art. 301.3, prisión de seis meses a dos años) y con más pena si el dinero procede del tráfico de drogas. La defensa analiza qué sabía realmente la persona, qué beneficio obtuvo y qué rastro dejan los fondos en las entidades bancarias, porque no es lo mismo participar en el fraude que ser utilizado para él.
En España, la pena concreta depende de la cantidad defraudada, del quebranto causado, de la relación con el perjudicado de los medios empleados y del resto de circunstancias (art. 248). Si concurre una agravante del art. 250 junto con viviendas o bienes de primera necesidad, o el fraude supera 250.000 euros, la pena sube a prisión de cuatro a ocho años. Desde la LO 1/2026, quien tiene al menos tres condenas previas por delitos de la misma naturaleza, una de ellas por delito leve, responde con la pena del delito aunque la nueva cuantía no llegue a 400 euros.
En la fase de instrucción se decide casi todo: qué documentos se piden, qué declaraciones se toman y si hay base para el juicio o para el archivo. Revisamos cada plazo y recurrimos las resoluciones que perjudican al cliente. Si hay sentencia de condena, cabe recurso ante la Audiencia Provincial o, si juzgó la Audiencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Un delito de estafa pide un abogado especialista en la materia, con criterio para leer la prueba económica y separar el delito de la simple deuda o del conflicto en el ámbito mercantil.
Asumimos la defensa del acusado o la acusación particular de la víctima, siempre en asuntos distintos.
Ordenamos la prueba documental y trabajamos con periciales para reconstruir el fraude.
Ante una citación o una detención, actuar pronto permite preparar la declaración, pedir pruebas a tiempo y garantizar desde el primer momento la asistencia, la intervención y la presencia del abogado en comisaría si hace falta.
Le atiende el letrado que lleva su caso durante todo el proceso, con una gestión ágil y un asesoramiento claro.
Castillo de San Marcos, El Puerto de Santa María. Foto: Diego Delso, delso.photo, CC BY-SA 4.0.
«El mayor riesgo en un procedimiento penal no es la acusación que ya ha llegado; es la que aún puede evitarse.»
La defensa la dirige Luis López de Castro, abogado especializado, con más de cuarenta años de trayectoria y especialización en asuntos penales y delitos económicos y con actuaciones ante el Tribunal del Jurado. Antes de dar un paso, el letrado hace con usted una valoración de la viabilidad del caso, con compromiso y sin falsas expectativas. Prestamos este servicio a personas, familias y empresas de El Puerto de Santa María y de toda la provincia de Cádiz, con la dedicación que exige la complejidad de cada causa.
Las estafas cometidas en El Puerto y su zona se denuncian ante la Policía o la Guardia Civil y se instruyen en los juzgados de El Puerto de Santa María. El enjuiciamiento corresponde, según la cuantía y la pena, al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Cádiz. Actuar cerca de esos juzgados permite una respuesta ágil cuando el tiempo cuenta.
Opiniones de clientes
Respuestas a las dudas más habituales cuando alguien se enfrenta por primera vez a un procedimiento penal.
No necesariamente. Si no hubo un engaño previo y suficiente, el impago o el incumplimiento de un contrato es un asunto de derecho civil, no penal.
No declare sin abogado ni devuelva el dinero por su cuenta sin asesoramiento. Hay que reconstruir qué pasó y qué sabía usted: en muchos casos la persona fue utilizada y no participó en el engaño.
Sí. Es un delito informático que el artículo 249 castiga con la misma pena que la estafa común: la manipulación informática para lograr una transferencia no consentida y el uso fraudulento de tarjetas o de los datos de un medio de pago.
El artículo 250 agrava la pena en casos como un valor defraudado superior a 50.000 euros, el abuso de relaciones personales o la estafa procesal.
Se estudia si hubo o no engaño desde el principio y ánimo de lucro. Muchas veces se trata de un incumplimiento civil.
Puede, pero con penas de hasta 2 años y sin antecedentes cabe pedir la suspensión, normalmente condicionada a pagar la responsabilidad civil. Por eso la estrategia sobre la devolución del dinero tiene consecuencias directas en la condena.
En derecho penal, el primer día cuenta. Escríbanos para pedir una consulta y le respondemos con la mayor brevedad, con la reserva que su asunto exige.
C. Cáceres, 12, 11500 Valdelagrana, El Puerto de Santa María (Cádiz)
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