José Luís Serrano Sanchez
hace 2 semanas
Una atención excelente desde el primer contacto. Cercanía, disponibilidad y mucha claridad a la hora de explicar cualquier duda.
Defensa penal de empresarios, administradores y sociedades en El Puerto de Santa María: delito fiscal, administración desleal, blanqueo y compliance, ante los juzgados de El Puerto y la Audiencia Provincial de Cádiz.
Si hay ya una denuncia, un requerimiento de Hacienda o una investigación abierta, lo primero es la estrategia y la prueba. No declare ni entregue documentación sin la presencia y la asistencia de un letrado: lo que se aporte en esa fase condiciona toda la causa. En estos delitos el debate rara vez es solo jurídico: casi siempre hay una pericial económica de por medio, y ahí se decide el caso.
El penal económico no es solo defensa. Si el delito lo ha sufrido su empresa, por una administración desleal, una apropiación indebida o un alzamiento de bienes, ejercemos la acusación particular para reclamar la responsabilidad civil y lograr la protección de su patrimonio. Estas causas se resuelven con la contabilidad, las deudas, las operaciones y los contratos en la mano, y con una pericial que acredite el daño. Nos personamos como parte, pedimos medidas para asegurar los bienes y ejercemos la acción civil en el mismo proceso.
El derecho penal económico agrupa los delitos socioeconómicos: los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, cometidos en el tráfico económico y en la gestión de una empresa. Asumimos la defensa, y también la acusación, en los principales.
Defraudar a la Hacienda pública más de 120.000 euros por impuesto y ejercicio: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo. Por encima de 600.000 euros o en organización, de dos a seis años (art. 305 bis). Por debajo de 120.000 euros, el asunto es administrativo, no penal.
Eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social por más de 50.000 euros en cuatro años, obtener subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros falseando las condiciones, o el fraude en prestaciones. Prisión de uno a cinco años.
Ocultar bienes o hacer actos de disposición del patrimonio para no pagar a los acreedores, o agravar la insolvencia de la sociedad. Prisión de uno a cuatro años y multa.
Excederse al administrar un patrimonio ajeno, o quedarse con lo recibido para un fin concreto, con las penas de la estafa.
Los que surgen entre socios y administradores. Los tratamos a fondo en delitos societarios.
Dar apariencia legal a dinero de origen ilícito, a menudo unido a un fraude fiscal, una estafa o el tráfico de drogas. Prisión de seis meses a seis años.
Desde que el artículo 31 bis del Código Penal lo permite, la propia empresa puede ser investigada y condenada como persona jurídica por determinados delitos, con penas de multa, intervención judicial o incluso disolución. Frente a esa responsabilidad, un programa de cumplimiento normativo, el llamado compliance, puede atenuar la pena o excluirla, siempre que estuviera implantado de forma real, con una evaluación de riesgos y un canal de denuncias, y no solo sobre el papel. Por eso el trabajo del abogado no se limita a defender cuando ya hay causa abierta: también presta asesoramiento a la empresa para reducir su riesgo penal antes de que el problema aparezca. Si ya hay causa abierta, y siempre después de la comisión del delito, confesar la infracción antes de conocer el procedimiento, colaborar con pruebas decisivas, reparar el daño o implantar un compliance antes del juicio oral son atenuantes para la empresa (art. 31 quater).
En España, en los delitos económicos la pena de prisión casi nunca llega sola: se suman multas proporcionales a la cuota o al beneficio, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o de contratar con la Administración, y la inhabilitación para administrar sociedades. Con penas de hasta dos años, sin antecedentes y según las circunstancias y la conducta posterior, cabe la suspensión, normalmente condicionada a pagar la responsabilidad civil. Por eso cada decisión sobre la deuda, la conformidad o el recurso se toma con todas sus consecuencias a la vista, también para el patrimonio personal y la familia del administrador.
No hay dos asuntos iguales, pero la defensa en el penal económico se construye sobre la prueba y el detalle a lo largo de todo el proceso.
Intervenimos en todas las fases, desde la primera declaración, con la representación del administrador y de la empresa, y recurrimos las resoluciones que le perjudican ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hacemos una revisión de cómo se ha calculado el importe defraudado, del que dependen la calificación y la pena.
Trabajamos con economistas para un análisis completo de la contabilidad y para rebatir la pericial de la acusación.
Cuando la prueba es sólida y le conviene, se valora cada opción, incluido un acuerdo con la acusación que reduzca la pena.
Un asunto de penal económico pide un abogado especializado, con criterio para leer la prueba económica y coordinar la defensa de la persona física y la de la empresa.
Nuestra especialización es el derecho penal económico, materia en la que coordinamos la defensa con peritos y economistas.
Asumimos la defensa del administrador y de la empresa, o la acusación cuando el delito lo sufre la sociedad.
En nuestro bufete le atiende el abogado que lleva su caso, con transparencia y un compromiso claro con el servicio.
Damos servicio a los profesionales, empresas familiares y sociedades de El Puerto de Santa María y de toda la provincia de Cádiz.
Castillo de San Marcos, El Puerto de Santa María. Foto: Diego Delso, delso.photo, CC BY-SA 4.0.
«El mayor riesgo en un procedimiento penal no es la acusación que ya ha llegado; es la que aún puede evitarse.»
La defensa la dirige Luis López de Castro, letrado con más de cuarenta años de trayectoria en el ámbito del derecho penal y con actuaciones ante el Tribunal del Jurado. En un asunto de penal económico conviene un abogado especialista en derecho penal económico, con criterio para leer la prueba económica, conocimiento del derecho mercantil y dedicación a la complejidad de cada causa. Atendemos a clientes, administradores y sociedades de El Puerto de Santa María y de toda la provincia de Cádiz.
Estos asuntos suelen arrancar con una denuncia de la Agencia Tributaria, de la Tesorería de la Seguridad Social o de un perjudicado, y se instruyen en los juzgados de El Puerto de Santa María. Según la pena, el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Cádiz. Trabajar cerca de esos juzgados permite responder con rapidez en cada trámite.
Opiniones de clientes
Respuestas a las dudas más habituales cuando alguien se enfrenta por primera vez a un procedimiento penal.
El artículo 305 del Código Penal sitúa el delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por cada impuesto y ejercicio. Por debajo, el asunto es administrativo y no penal.
Sí. Desde la reforma del artículo 31 bis, la persona jurídica responde penalmente por determinados delitos. Un programa de compliance bien implantado puede atenuar o excluir esa responsabilidad.
En el delito fiscal, regularizar la situación tributaria antes de determinados momentos puede operar como excusa absolutoria (artículo 305.4). Conviene valorarlo con su abogado cuanto antes.
En la administración desleal (art. 252) quien gestiona un patrimonio ajeno se excede de sus facultades y causa un perjuicio. En la apropiación indebida (art. 253) se queda con el dinero o los bienes que había recibido para un fin concreto.
No declare ni entregue documentación sin hablar antes con un abogado, reúna toda la información contable del asunto y pida una valoración del caso cuanto antes.
Son los que atacan el patrimonio y el orden socioeconómico o los intereses de la Hacienda Pública y la Seguridad Social: estafas, apropiación indebida, administración desleal, insolvencias punibles, delitos societarios, blanqueo de capitales, delito fiscal, fraude de subvenciones el uso de información privilegiada o delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Puede: la pena es de uno a cinco años de prisión. Pero regularizar a tiempo exime, y pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación rebaja la pena, lo que muchas veces permite evitar el ingreso en prisión.
En derecho penal, el primer día cuenta. Escríbanos para pedir una consulta y le respondemos con la mayor brevedad, con la reserva que su asunto exige.
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