La Policía o la Guardia Civil debe avisar de inmediato a los padres y al fiscal. Declara siempre con abogado y, como máximo en 24 horas, queda en libertad o a disposición de la Fiscalía de Menores, que decide si pide alguna medida cautelar al juez, como una orden de alejamiento o el internamiento cautelar, que se puede recurrir. La resolución definitiva llega tras valorar la prueba en la audiencia.