José Luís Serrano Sanchez
hace 2 semanas
Una atención excelente desde el primer contacto. Cercanía, disponibilidad y mucha claridad a la hora de explicar cualquier duda.
Le investigan por blanqueo de capitales: defensa penal en El Puerto de Santa María sobre el origen de los fondos y la prueba económica, ante los juzgados de El Puerto y la Audiencia Provincial de Cádiz.
Si hay un registro, una cuenta bloqueada o una citación, lo que está en juego es su libertad y su patrimonio. La defensa se apoya en la prueba económica y en el detalle desde la fase de instrucción, con una estrategia fijada antes de cualquier declaración.
El blanqueo casi nunca se prueba con un documento directo, sino con indicios: un incremento patrimonial que no cuadra con los ingresos declarados, la ausencia de un negocio lícito que justifique el dinero, operaciones en efectivo poco habituales o la vinculación con actividades delictivas. La defensa trabaja sobre esa cadena de indicios y sobre los actos concretos que se atribuyen, porque ninguno por sí solo basta para condenar. Acreditar el origen legal de los fondos, con la documentación y la pericial económica en la mano, suele ser la clave de la defensa. El objetivo es que el tribunal vea una explicación alternativa razonable; sin ella, el resultado puede ser la absolución, aunque nadie puede garantizarlo. Para que exista blanqueo tiene que haber un delito antecedente del que procede el dinero (un tráfico de drogas, una estafa, un fraude fiscal o un delito de corrupción), aunque no hace falta una condena previa por él. Basta con que los hechos de origen queden acreditados en el propio juicio.
El blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, regulado en los artículos 301 a 304 del Código Penal (CP), consiste en adquirir, poseer, convertir o utilizar bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, o en ocultar su origen ilícito para ayudar a quien cometió el delito a eludir sus consecuencias legales. También se castiga la ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, ubicación o destino de los bienes (art. 301.2). Estas son sus modalidades.
Actuar sabiendo que los bienes proceden de un delito: de seis meses a seis años de prisión y multa del tanto al triplo, según la gravedad de los hechos. La pena va a su mitad superior si el dinero procede del tráfico de drogas o de delitos de corrupción de funcionarios.
El propio autor del delito que generó el dinero responde también por blanquearlo, porque el art. 301 castiga los bienes procedentes de una actividad delictiva cometida por él o por un tercero.
Cuando se debió sospechar del origen ilícito y no se actuó con la diligencia debida: prisión de seis meses a dos años y multa.
Pena en su mitad superior por pertenecer a una organización criminal dedicada al blanqueo o por ser un sujeto obligado que blanquea en el ejercicio de su profesión; pena superior en grado para los jefes. Si actúa un empresario, un intermediario financiero o un funcionario en su cargo, se añade la inhabilitación (art. 303).
No hay dos asuntos iguales, pero la defensa en el blanqueo de capitales se apoya en la prueba económica a lo largo de todo el procedimiento.
Cuestionamos que el origen que atribuye la acusación se sostenga.
Trabajamos con economistas para acreditar la procedencia lícita de los bienes.
Nuestra intervención ante la autoridad judicial empieza en la detención o el registro con orden judicial, con asistencia al detenido y en la primera declaración.
Revisamos la prescripción, que por su pena máxima se sitúa en diez años en el blanqueo doloso y en cinco en el imprudente, contados desde la comisión del delito.
Junto al delito existe un régimen de prevención. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales impone a determinados sujetos obligados, como bancos, notarios, inmobiliarias o ciertos profesionales, deberes de diligencia debida y de comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC. Incumplir esas obligaciones puede acarrear responsabilidad y, a veces, es el origen de una investigación penal. Asesoramos también en este ámbito preventivo: identificación del cliente, políticas internas, formación de empleados y respuesta a un requerimiento del SEPBLAC. Conviene no confundir las infracciones administrativas y sus sanciones con el delito: no son lo mismo, aunque la misma normativa de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo sirva de base a ambos.
Un delito de blanqueo pide un abogado especialista en blanqueo, un abogado especializado en esta materia, con criterio para leer la prueba económica y rebatir la prueba indiciaria.
Llevamos la defensa penal del blanqueo con la especialización que exige la prueba del dinero y sus medios de acreditación.
Desde la detención o el registro, intervenimos ante la autoridad judicial para defender su libertad.
Trabajamos con economistas para reconstruir el origen del patrimonio.
Le atiende el abogado que lleva su caso durante todo el proceso, con un asesoramiento claro sobre cuentas y bienes afectados y la representación de personas y empresas.
Castillo de San Marcos, El Puerto de Santa María. Foto: Diego Delso, delso.photo, CC BY-SA 4.0.
«El mayor riesgo en un procedimiento penal no es la acusación que ya ha llegado; es la que aún puede evitarse.»
La defensa la dirige Luis López de Castro, abogado experto en derecho penal económico, con más de cuarenta años de experiencia en el ámbito del derecho penal y con actuaciones ante el Tribunal del Jurado. En un delito de blanqueo conviene un abogado especialista, con criterio para leer la prueba económica y rebatir la prueba indiciaria. Prestamos este servicio, con la dedicación que exige la complejidad de estas causas, a clientes particulares y empresas de El Puerto de Santa María y de toda la provincia de Cádiz.
Estos asuntos parten de una denuncia, de un informe de la Administración Tributaria o de un aviso del sistema financiero, y se instruyen en los juzgados de El Puerto de Santa María, a menudo ligados a investigaciones por tráfico de drogas del entorno de la bahía de Cádiz o por delitos económicos, con registros de la Guardia Civil. Según la pena, el juicio corresponde al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Cádiz, y la sentencia admite recurso ante la Audiencia o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Opiniones de clientes
Respuestas a las dudas más habituales cuando alguien se enfrenta por primera vez a un procedimiento penal.
El artículo 301 del Código Penal prevé prisión de seis meses a seis años y una multa del tanto al triplo del valor de los bienes. La pena sube a su mitad superior si el dinero procede del narcotráfico (art. 301.1) o si hay organización (art. 302), y puede acordarse el decomiso y la inhabilitación profesional.
No. No es necesaria una condena previa por el delito antecedente, pero sí que quede acreditado que los fondos proceden de una actividad delictiva.
El artículo 301.3 castiga el blanqueo por imprudencia grave: cuando se debió sospechar del origen ilícito y no se actuó con diligencia.
El decomiso recae sobre los bienes de origen delictivo y los beneficios obtenidos, con efectos también sobre bienes a nombre de terceros si se prueba que son del investigado. Si su origen es lícito o no está probada su relación con el delito, se defiende su patrimonio.
No declare ni justifique el origen del dinero sin hablar antes con un abogado, reúna la documentación que acredite de dónde proceden los fondos y actúe cuanto antes.
Es convertir, ocultar o usar dinero o bienes que proceden de un delito para darles apariencia legal, por ejemplo metiendo efectivo en un negocio, comprando inmuebles a nombre de terceros o moviendo fondos entre entidades. Lo castiga el art. 301 del Código Penal y lo previene la Ley 10/2010.
Sí. La persona jurídica responde por blanqueo (arts. 31 bis y 302.2), con multa y otras sanciones como la suspensión de actividades. Un programa de cumplimiento eficaz puede atenuar o excluir esa responsabilidad.
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